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En la petición, el Partido Verde brasileño afirma que la mala conducta del gobierno de Bolsonaro frente al COVID-19, que ya ha matado a 100.000 personas, es una grave violación de los acuerdos internacionales de derechos humanos.
El lunes (10 de agosto de 2020), el Partido Verde promulgó una denuncia contra el Estado brasileño por crímenes de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos – OEA. Entre las acusaciones, Verdes brasileños afirma que la negligencia del gobierno federal, que ya se ha cobrado la vida de 100.000 brasileños, demuestra el claro incumplimiento de los artículos del pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
En el extenso documento, que muestra una recopilación de denuncias presentadas al gobierno, Los Verdes brasileños presentan hechos que constituyen violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en particular de los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 ( derecho a la integridad del personal), combinado con lo dispuesto en el artículo 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención), y el Protocolo de San Salvador, en particular al artículo 10 (derecho a la salud).
La denuncia enumeró un pésimo y lamentable historial de la Presidencia de la República en el manejo de la crisis sanitaria. Desde la declaración de pandemia mundial, por parte de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Bolsonaro ha adoptado una serie de comportamientos contrarios a los protocolos de seguridad sanitaria; desde caminatas públicas que perjudican el aislamiento social y sin los debidos cuidados de salud (uso de mascarillas y no aglomeración), manifestaciones sistemáticas para incentivar el incumplimiento del aislamiento, así como decretos presidenciales que incluyeron actividades como servicios religiosos, salones de belleza y gimnasios para lo esencial rueda.
Las actitudes del presidente se reflejan directamente en la gestión de los organismos implicados en la lucha contra el nuevo coronavirus. Cabe mencionar que una investigación coordinada por el Centro de Investigaciones Epidemiológicas de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) indica que el número de infectados en Brasil por el coronavirus es aproximadamente 6,5 veces mayor que lo que muestran los datos oficiales. Actualmente, más del 1% (uno por ciento) de la población ya ha sido infectada por virus y el número está aumentando.
La petición también presenta la renuncia del entonces ministro de Salud, Luiz Mandetta, y el consiguiente nombramiento de Panzuello, con carácter interino, que derivó en la renuncia del equipo técnico que formó parte de las administraciones anteriores, lo que comprometió la continuación del Trabajo realizado por la agencia. Con el aumento de las muertes, que hoy suman más de 100 mil, una de las principales preocupaciones del gobierno brasileño fue la adquisición del fármaco “Cloroquina”, cuya eficacia no ha sido probada por estudios científicos en la lucha contra el COVID- 19 y, aun así, fue recomendado por el presidente para su uso por parte de la población.
Corte Interamericana
Con la denuncia presentada, el PV exige a la Comisión que condene al Estado brasileño por las violaciones, así como que determine que el Estado brasileño adopte las medidas que es competente para remediar la situación bajo examen.
Creada en 1959, la CIDH es un organismo autónomo integrado con la OEA, entidad que involucra a los países de las Américas. Los 35 países miembros de la OEA que firmaron la Convención Americana son observados por la CIDH, que también orienta e inspecciona los crímenes contra los derechos humanos en los territorios de los firmantes.
Entidades y ciudadanos pueden presentar denuncias ante la Comisión, sin embargo la suspensión de un país de la OEA se produce en el caso de que un Estado denuncie a otro por violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el Partido Verde pretende sensibilizar a los Estados miembros de la OEA sobre la imprudente y grave situación que vive Brasil.
En caso de denuncia por parte de otro Estado, la denuncia se envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en San José, Costa Rica.
VERSIÓN ORIGINAL
PV denuncia Estado brasileño en corte internacional por crímenes contra la humanidade Na petição, partido afirma que má condução da gestão Bolsonaro frente à COVID-19, que já matou 100 mil pessoas, é grave violação a acordos internacionais de direitos humanos O Partido Verde protocola, nesta segunda feira (10), denuncia contra el Estado Brasileiro por crimen contra la humanidade na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA. Entre las acusaciones, una leyenda afirma que el descaso del gobierno federal, que já ceifou a vida de 100 mil brasileños, demuestra el claro descenso de los artículos del pacto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José). No extenso documento, que presenta un compilado de denuncias feitas al gobierno, o PV presenta fatos que constituyen violaciones a la Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José), en particular aos artigos 4º (direito à vida) y 5º (direito à integridade). pessoal), combinados com o disposto no artigo 1.1 (obrigação de respeitar e garantir os direitos estabelecidos na Convenção), y ao Protocolo de San Salvador, en particular ao artigo 10 (direito à saúde). As denúncias elencadas presentan un lamento histórico de la Presidencia de la República en la gestión de la crisis sanitaria. Desde la decretação da pandemia mundial, la Organización Mundial de la Salud, el presidente Bolsonaro ha adoptado una serie de comportamientos contrarios a los protocolos de seguridad sanitaria; desde passeios públicos ferindo o isolamento social e sem os devidos cuidados sanitarios (uso de máscaras e não aglomeração), sistemáticas manifestaciones de estímulo ao não cumprimento do isolamento, bem como decretos do presidente em que se incluyen atividades como cultos religiosos, salões de beleza e academias ao roll das essenciais. As atitudes do presidente reflejan directamente na gestão dos órgãos envolvidos no combate ao novo coronavírus. Vale ressaltar que pesquisa coordinada por el Centro de Pesquisas Epidemiológicas de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) indica que el número de infectados no Brasil pelo coronavírus é cerca de 6,5 veces mayor de lo que muestran los datos oficiales. Actualmente, más de 1% (un por ciento) de la población ya está contaminada por pelos de virus y número encontrado en escalada. A petição apresenta ainda a demissão do então Ministro da Saúde Luiz Mandetta, e a consequente nomeação de Panzuello, interinamente, que resultou na demissão da equipe técnica que integrava as gestões anteriores, o que comprometeu o prosseguimento dos trabalhos pelo realizados órgão. Con el avance de las muertes, que hoy somam-se mais de 100 mil, una de las principales preocupaciones del gobierno brasileño por la adquisición del medicamento “Cloroquina”, cuya eficacia no está comprobada por estudios científicos en la lucha contra el COVID-19 e, mesmo. Así, foi recomendado para uso da população pelo presidente. Corte Interamericana Con una denuncia presentada, el PV solicita que una Comisión que condene al Estado brasileño por violaciones de derechos humanos, bem como determina que el Estado brasileño adopta como medidas que competirá para remediar una situación en examen. Creada en 1959, la CIDH es un organismo autónomo integrado en la OEA, una entidad que abarca los países de América. Los 35 países miembros de la OEA que se asocian a la Convención Americana son observados por la CIDH, que también orientan y fiscalizan los delitos contra los derechos humanos de los territorios de los firmantes. Entidades y ciudades pueden presentar denuncias ante la Comisión, entretanto en suspensión de un país de la OEA, no enfrentan ningún caso en que un Estado denuncie o outro por violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el Partido Verde pretende sensibilizar los estados miembros de la OEA para una situación temeraria y grave en Brasil. En caso de denuncia por otro Estado, una señora fue enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en San José, Costa Rica.
