Ecocidio: Proyectos extractivistas en las Américas 

R31 | Proponente: Movimiento Ecológico de Venezuela (partido Verde)

Texto de resolución

1) Los Verdes, en sus respectivas jurisdicciones, trabajarán por la construcción del marco legal para que el Ecocidio sea considerado un crimen internacional y marcado en los tratados internacionales. 

2) Los Global Greens apoyan a los países de América en su lucha contra los proyectos extractivistas, en especial al Movimiento Ecológico de Venezuela (Partido Verde) con el caso denominado ”Arco Minero”, que constituye uno de los ecocidios y etnocidios más grandes del mundo y genera un impacto no renovable en 8 de los países que comparten la Amazonía. 

3) Los Verdes de las Américas seguimos comprometidos con la lucha ambiental y la justicia social, por ello, llama a retomar y renovar lo establecido en la última resolución de ECOCIDE, Etnocidio y extractivismo del 4° Congreso de los Verdes Globales. 
 4) Los Global Greens apoyamos la creación de una Coalición internacional liderada por eurodiputados junto con parlamentarios supranacionales y parlamentarios de otros países para generar impacto desde los parlamentos hacia los organismos multilaterales.

Razón

El mundo sigue involucrado en lo que respecta al ECOCIDIO, seguimos trabajando constantemente para desarrollar marcos legales en los países que sancionen los delitos ambientales que afectan con mayor peso a cada uno de los factores que conforman el Estado. Hemos tenido una involución en el mundo con este tema, generando problemas de gran magnitud que hoy afectan con mayor frecuencia a América. La persecución política, la explotación de los recursos naturales no renovables, la violación de los derechos humanos, la contaminación del agua, el narcotráfico, la corrupción y la trata de blancas son algunos de los problemas que presenta la región por los proyectos extractivistas, y es el caso de Venezuela que se ha convertido en un mal que se extiende por toda la Amazonía. 

El Arco Minero de Venezuela es una inmensa extensión del territorio venezolano de 111.843 km² cercana a la costa sur del río Orinoco y que también representa el marco de una política brindada por el gobierno para promover la apertura a la minería en general, así mismo tiene como principal ambición la función de obtener violentamente minerales preciosos como el oro y el coltán. Esto representa condiciones políticas, sociales y ambientales desafiantes promovidas por un Estado fallido que promueve la anarquía, la ausencia del estado de derecho, el incumplimiento de los tratados y convenios internacionales y el saqueo desproporcionado del patrimonio natural y minero de la Nación. 

El Arco Minero de Venezuela no solo representa un espacio territorial del estado, tiene un impacto socio-político-económico-ambiental, que se representa en el área ambiental con una extensión en el mapa que incluye el parque nacional Canaima, la cuenca del río Paragua río, la cuenca media y alta del río Caura (Parque Nacional Caura), el Parque Nacional Yapacana, el Alto Orinoco

Reserva de la Biosfera Casiquiare, todo el norte del estado de Amazonas y la frontera. Socialmente, la extensión de la minería ha propiciado la promoción de la anarquía, ha afectado decisivamente la calidad de vida de los venezolanos, ha fomentado la trata de mujeres, la prostitución y el trabajo infantil, así como la vulneración de los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables, destacando los pueblos originarios que son perseguidos, asesinados por su defensa y/o permanencia en estos espacios. 

Otro factor que podemos mencionar al interior es el sector económico, donde los actores financieros son inversionistas privados y son quienes aportan los recursos económicos y entran como socios financieros de los operadores políticos de la presidencia venezolana. 

En conclusión, la minería en Venezuela, representada por el Arco Minero, se ha convertido en una actividad sumergida dentro de una gran red del crimen organizado que alcanza todos los niveles del poder político y militar venezolano y latinoamericano.